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Cambios en el Código Penal y su repercusión en las reclamaciones en accidentes de tráfico

13 Ene

El Anteproyecto de reforma del Código Penal incluye, entre otras cosas, eliminar de su contenido la imprudencia leve, aunque dé como resultado homicidio o lesiones graves, (calificada hasta este momento como “falta”), “de modo que sólo serán constitutivos de delito el homicidio y las lesiones graves por imprudencia grave (artículos 142 y 152 del Código Penal)”. La justificación que se hace en la exposición de motivos es que “No toda actuación culposa de la que se deriva un resultado dañoso debe dar lugar a responsabilidad penal, sino que el principio de intervención mínima y la consideración del sistema punitivo como última ratio, determinan que en la esfera penal deban incardinarse exclusivamente los supuestos más graves de imprudencia, reconduciendo otro tipo de conductas culposas a la vía civil, en su modalidad de responsabilidad extracontractual o aquiliana de los artículos 1902 y siguientes del Código Civil, a la que habrá de acudir quien pretenda exigir responsabilidad por culpa de tal entidad.”

En principio, parece coherente la medida. El problema surge porque se ha modificado el sistema de tasas judiciales, de manera que mientras en la jurisdicción penal -en la que se puede exigir responsabilidad civil derivada de la responsabilidad criminal- no se pagan tasas, en la jurisdicción civil se tienen que pagar desde finales de año pasado tasas muy elevadas, lo que ha causado gran alarma entre las asociaciones de víctimas y de prevención de accidentes de tráfico.

La solución no está, como se pretende, en mantener en el Código Penal la imprudencia leve como falta, porque el problema no reside en si se criminaliza o no la imprudencia leve.  El problema está en la desmesura de las tasas en la jurisdicción civil. Por tanto, la reivindicación debe centrarse en bajar las tasas, especialmente en procedimientos de responsabilidad civil con resultado de homicidio o de lesiones graves.

La medida puede tener un resultado contraproducente. El deseo de evitar el pago de tasas para reclamar responsabilidad civil por lesiones graves o muerte, puede llevar a que se elija la vía penal, forzando la acusación de imprudencia grave a quien no actuó de esa manera. El resultado puede ser la no imputación o la absolución del acusado, teniendo que gastar doblemente en abogados si luego se acude a la vía civil. Además, se tendrán que pagar las tasas correspondientes a esta jurisdicción y, para colmo, soportar el inconveniente de un previo pronunciamiento en vía penal que no le favorece precisamente a la hora de reclamar la responsabilidad civil.

Un remedio parcial a esta cuestión lo ofrece la futura Ley de Justicia Gratuita. Al menos en su Anteproyecto se  afirma que “También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes que sufran secuelas permanentes, tanto cuando les impidan desarrollar su actividad habitual, como cuando requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Ello les permitirá reclamar, con el beneficio de este derecho por las indemnizaciones que les correspondan por los daños personales y morales sufridos”.

No obstante, quedan fuera de la exención de tasas los casos indemnizaciones por muerte o por lesiones graves que no constituyan secuelas permanentes.

 

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