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Una mala reforma del sistema de indemnización por daños en accidentes de tráfico

06 May

El Proyecto de Ley de reforma del Sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación se está tramitando en el Congreso y tiene graves defectos que afectan de manera singular a los ciclistas. En una nota de urgencia, esta es la crítica que se le podría hacer: 1.La tramitación del proyecto de ley es ilegal El proyecto incumple en su tramitación el requisito de contar con los informes preceptivos, tal como exige la Ley 50/1997, el Gobierno, en su art. 22.2. Uno de esos informes es, en este caso, el del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y Movilidad Sostenible que, según el art, 8.2, apartado d) de la Ley de Tráfico, una de sus funciones es “Informar o proponer, en su caso, los proyectos de disposiciones generales que afecten al tráfico y la seguridad vial o movilidad sostenible”. Este proyecto de ley le afecta al Consejo, en primer lugar, porque se refiere a daños y perjuicios causados a las personas como consecuencia del daño corporal ocasionado por “hechos de la circulación” y, en segundo lugar, porque la normativa de seguridad vial incide en la determinación de la culpa en la comisión del daño, como luego se verá. 2. El proyecto de ley no responde a un sistema de responsabilidad objetiva por el hecho circulatorio El texto del proyecto de ley da a entender que en el caso de los daños causados a personas por causa de un accidente con vehículo a motor, su conductor tiene una responsabilidad objetiva, por el riesgo social que entraña el hecho circulatorio. Sin embargo, no es así. Al igual que en los daños causados a los bienes, la responsabilidad frente a terceros se rige por el sistema de culpa extracontractual regulado en el art. 1902 del Código civil. La única diferencia es que en el caso de daños a las personas, la culpa del conductor se presume, salvo que pruebe que los daños fueron debidos a la “culpa exclusiva del perjudicado o a fuerza mayor extraña a la conducción o al funcionamiento del vehículo” (art. 1, párrafo primero). Por tanto, se trata sólo de una inversión de la carga de la prueba en la demostración de la culpa.

3. La concurrencia de culpas y la carga de la prueba. Especial relevancia del casco ciclista. Como se acaba de decir, la exoneración de la responsabilidad del conductor se produce si ha habido “culpa exclusiva del perjudicado”. Si la víctima hubiera contribuido a la producción del daño no tendrá derecho al cien por cien de la indemnización prevista por la ley; como máximo al setenta y cinco por ciento (art. 1.2, párrafo primero). Luego se comentará esta reducción de las indemnizaciones y su incidencia en la inconstitucionalidad del proyecto de ley. Interesa ahora resaltar que el proyecto de ley establece una presunción importante: “Se entiende que existe contribución si la víctima, por falta de uso o uso indebido de cinturones, casco u otros elementos protectores, incumple la normativa de seguridad y provoca la agravación del daño” (art. 1.2, párrafo segundo, in fine). La carga de la prueba de que ello sea así corre a cargo del conductor, pero es frecuente ver cómo mediática y judicialmente se imputa a la víctima ciclista la concurrencia de su culpa por el simple hecho de no llevar casco o por no llevarlo debidamente ajustado, aunque su muerte o sus lesiones graves tengan como causa esencial el ser embestido de manera contundente por el vehículo a motor. Las poderosas compañías de seguros siempre están dispuestas a exhibir estudios “científicos” pagados por ellas para demostrar la extraordinaria eficacia del casco ciclista y cómo su falta de uso o mal uso provocan por regla general la agravación del daño.

4. El disparate de la actual normativa de la obligatoriedad del casco en relación con el proyecto de ley. La actual Ley de Tráfico, en su redacción dada por Ley 6/2014 establece la obligatoriedad del casco ciclista en zonas urbanas a los menores de 16 años (art. 47.1). A su vez, el proyecto de ley afirma que en los supuestos de secuelas y lesiones temporales “la culpa exclusiva o concurrente de los menores de catorce años no suprime ni reduce la indemnización” (art. 1.2, párrafo segundo). Dada la presunción antes comentada, esto significa que el menor de catorce años que circule en bici y sufra un accidente en ciudad contra un vehículo a motor, aunque vaya sin casco ciclista y al margen de quien sea la culpa, tiene derecho al cien por cien de la indemnización. A su vez, si tiene dieciséis o más años, al no ser obligatorio el casco, su falta de uso no puede ser argumento para la aseguradora para alegar concurrencia de culpas. Por el contrario, si tiene catorce años pero menos de dieciséis, sólo podría acceder como máximo al setenta y cinco por ciento de la indemnización, si no llevaba casco o lo llevaba mal puesto y la aseguradora consigue demostrar que ello ha incidido en el agravamiento del daño padecido, aunque la culpa del accidente sea del conductor.

5.La ley no es inconstitucional por las razones que generalmente se aducen

Al proyecto de ley se le ha tachado de inconstitucional -y lo es, como se verá en el apartado siguiente- pero no por lo que comúnmente se argumenta. Se podrá discutir si el proyecto es más o menos acorde con criterios de justicia, pero en este sentido cumple con los criterios que en su día estableció la Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2000. Así pues, el proyecto de ley:

  1. No es discriminatorio por la cuantía de las indemnizaciones (art. 14 CE). La diferente valoración global entre una víctima rica y una pobre no se debe a una distinta valoración del perjuicio personal, sea básico o sea particular o excepcional, sino a valoración del perjuicio patrimonial, singularmente el del lucro cesante, lo cual es lógico, pues no es lo mismo la renta que se deja de percibir según los ingresos que tuviera la víctima.
  2. No vulnera el derecho fundamental a la intimidad y protección de datos de la víctima (art. 18 CE). Los servicios médicos de la compañía aseguradora tiene derecho a acceder a la información sobre las lesiones de la víctima, de su tratamiento y seguimiento de su curación.
  3. No se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24 CE). El acceso a esa información por la aseguradora no rompe la igualdad de armas procesales entre la aseguradora y la parte perjudicada y no deja indefensa a ésta. Quien trata a la víctima es la Sanidad pública o centros concertados con ella. El informe de los médicos de la aseguradora es un informe de parte. El informe médico oficial y definitivo lo emite el centro de la Sanidad pública.

6. Posibles inconstitucionalidades. El proyecto de ley podría, en cambio, ser inconstitucional por las razones siguientes:

  1. Lesión al derecho a la integridad moral (art. 15 CE). La vigente Ley (Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor) cuantifica los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, incluyendo en esa cuantificación “los daños morales”. Sin embargo, en el proyecto de ley, los daños morales se refieren expresamente sólo a los derivados de “las secuelas”, ya sea como daños morales “complementarios por perjuicio psicofísico” (art. 105), por perjuicio estético (art. 106) o por “perjuicio por pérdida de calidad de vida ocasionada por las secuelas” (107) u ocasionada por lesiones temporales (art. 137) y también al perjuicio moral por “perdida de calidad de vida de familiares de grandes lesionados” (art. 110). Por tanto, no se mencionan los daños morales derivados del fallecimiento de la víctima. En la medida en que el sistema indemnizatorio previsto en el proyecto es cerrado y no admite una vía judicial distinta para reclamar estos daños morales, la ley será inconstitucional, porque vulnera el derecho a la integridad moral reconocido en el art. 15 de la Constitución. Llama la atención que se consignen daños morales por “pérdida de calidad de vida” derivada de secuelas o de lesiones temporales y no se especifiquen daños morales por “pérdida de la vida”, o sea, de “calidad de vida ocasionada por fallecimiento de la víctima”. Es indudable que este daño moral existe y la calidad de vida cambia sustancialmente con la pérdida del ser querido. Podría modificarse el proyecto diciendo que en las indemnizaciones por “perjuicio personal básico y particular” (tablas 1.B y C) incluyen ya la valoración objetiva del daño moral y se salvaría la inconstitucionalidad. Sería lamentable, pero posible.
  2. Desprotección de la infancia y la juventud (art. 39.4 CE). El proyecto de ley es inconstitucional también porque vulnera la protección que la Constitución dispensa a los niños (art.39.4 CE). Y es inconstitucional por partida doble.Como se ha visto en el apartado 4 de esta Nota, la conexión de la Ley de Tráfico con este proyecto de ley provoca la desprotección de los niños de catorce años o más y menores de dieciséis años que, circulando en bici por ciudad, sean víctimas de un accidente sin portar el casco ciclista o incluso llevándolo incorrectamente puesto. La presunción de concurrencia de culpas en este caso puede reducir el nivel de indemnización hasta un setenta y cinco por ciento, frente al cien por cien que en iguales circunstancias tendrían el resto de los ciclistas menores de catorce años o mayores de dieciséis. La conjunción de las dos leyes hace que esta medida sea discriminatoria.(art 14 CE). También existe una inconstitucionalidad por desprotección en este caso de los menores de catorce años, ya que el art. 1.2 párrafo segundo del proyecto de ley les garantiza el cien por cien de la indemnización -aunque el accidente del que han sido víctimas sea culpa suya, exclusiva o concurrente- pero sólo “en los supuestos de secuelas y lesiones temporales”. Si la medida tiene por objeto proteger a los menores de catorce años -se supone que por su falta de madurez- no puede ser que en los supuestos más graves en los que pueden ser víctimas -fallecimiento y lesiones permanentes- no se les aplique igual criterio. Aquí se produce una inconstitucionalidad por omisión, cuya única finalidad es evitar a las compañías de seguros el desembolso del cien por cien de las indemnizaciones en los casos más graves, en los que las cuantías son mayores.

7. El principio de indemnidad en tela de juicio. Afirma el proyecto de ley que uno de los principios fundamentales del sistema de valoración es el de indemnidad, es decir, la reparación íntegra de los daños y perjuicios padecidos. Este principio no se cumple en todos los casos, porque el proyecto de ley establece presunciones, criterios y requisitos que se desvían de esa finalidad, como sucede en el caso del resarcimiento del daño moral antes comentado o de la indemnización en caso de concurrencia de culpas, como se ha visto en el apartado anterior. Otro tanto puede decirse del resarcimiento por la pérdida de la calidad de vida en actividad laboral o profesional de la víctima. Se considera que el perjuicio causado sólo es “moderado” si “el lesionado pierde la posibilidad de llevar a cabo una parte relevante de sus actividades específicas de desarrollo personal” y el perjuicio moral por la pérdida de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo también se considera perjuicio moderado” (art. 108.4). Del mismo modo, se considera como “perjuicio leve” aquél en el que “el lesionado con secuelas de más de seis puntos pierde la posibilidad de llevar a cabo actividades específicas que tengan especial trascendencia en su desarrollo personal”. Asimismo, “El perjuicio moral por la limitación o pérdida parcial de la actividad laboral o profesional que se venía ejerciendo se considera perjuicio leve con independencia del número de puntos que se otorguen a las secuelas” (art. 108.5). Se establece una serie de presunciones que son claramente reductoras de la indemnización. Otro ejemplo es el resarcimiento por los gastos de tratamiento médico y psicológico que les haya causado el accidente a familiares de víctimas fallecidas o de grandes lesionados. Según el art. 35.3 del proyecto de ley, este resarcimiento es “excepcional”, ya que debe demostrarse que se han producido alteraciones psíquicas, y sólo cubre esos gastos “durante un máximo de seis meses”. El tiempo de tratamiento puede ser claramente insuficiente en determinados supuestos, sobre todo en caso de huérfanos.

8. El Estado en beneficio de las aseguradoras. Al margen de la opinión que se pueda tener sobre este tipo de leyes que establecen un sistema de indemnización cerrado y el papel que juega el Estado en relación con las compañías de seguros, lo cierto es que hay una disposición del proyecto de ley que claramente hace recaer en el Estado una prestación que les correspondería asumir a las aseguradoras. El art. 88 del proyecto de ley establece que “Las pensiones públicas a las que tengan derecho los perjudicados por el fallecimiento de la víctima, tales como las de viudedad u orfandad, producen el efecto de reducir el perjuicio”. Es evidente que tales pensiones reducen el perjuicio patrimonial, pero quien debería asumir el importe de esas pensiones no es el Estado, sino la compañía de seguros, ya que esa prestación estatal surge como consecuencia de un hecho circulatorio asegurado por la compañía. Ésta se ahorra el importe de esa parte de la indemnización, que correrá a cargo del Estado, o sea, de todos los españoles, produciéndose en la práctica un enriquecimiento injusto de la aseguradora.

 

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