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Drogas, Ley de Tráfico y trato desigual

04 Jul

Con la reforma de la Ley de Tráfico aprobada en 2014 se introdujo una importante diferencia según se conduzca bajo los efectos del alcohol o de drogas. Para que fuese sancionable se exigía antes de 2014 conducir bajo los efectos de unas determinadas tasas de alcohol o de drogas reglamentariamente establecidas. Tras la ley 6/2014 constituye infracción conducir con una determinada tasa de alcohol, pero, en el caso de drogas, basta su mera presencia en el organismo, sin importar la cantidad, salvo que la sustancia psicotrópica haya sido ingerida por prescripción facultativa.

A mi juicio este cambio puede ser inconstitucional, no por la diferencia entre alcohol y drogas, sino porque, sin relación alguna con la seguridad vial, da un trato desigual al consumo de drogas, según hayan sido o no prescritas por el personal sanitario. Esta excepción  por razón médica pone de manifiesto que lo que persigue la Ley de Tráfico no es proteger la seguridad vial, sino castigar el hecho en sí de consumir droga, aunque se trate de una actividad que realizada en privado no es ilícita.   Detallo a continuación el análisis del asunto:

Drogas, Ley de Tráfico y desigualdad de trato.

El art. 14.1 del texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto legislativo 6/2015 de 30 de octubre ( en adelante, Ley de Tráfico) dispone que 1. No puede circular por las vías objeto de esta ley el conductor de cualquier vehículo con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se determine. Tampoco puede hacerlo el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10”.

La misma Ley tipifica en su art. 77, c) como infracción muy grave “c) Conducir con tasas de alcohol superiores a las que reglamentariamente se establezcan, o con presencia en el organismo de drogas”. El art. 80.2, b) sanciona esta infracción con “multa de 1.000 euros” y lleva aparejada la pérdida de seis puntos en el permiso de conducir (Anexo II de la Ley).

La duda se concreta en si es constitucional que la Ley de Tráfico prohíba a una persona conducir un vehículo con presencia de drogas en su organismo, al margen de si ello influye o no en el cumplimiento de su obligación de diligencia, precaución y no distracción en el manejo del vehículo.

 

Mi parecer es el siguiente:

  1. El consumo de alcohol o drogas al igual que el fumar no es ejercicio de ningún derecho fundamental establecido en la Constitución. Podría estar prohibido con carácter general por una ley. De igual modo, una ley podría no prohibir el consumo de alcohol y sí el de drogas.
  2. Sin embargo, hoy por hoy y con carácter general, el consumo privado de drogas no está criminalizado en el Código Penal y tampoco constituye infracción administrativa, ya que la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana sólo castiga el consumo de “drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas” cuando se realice “en lugares, vías, establecimientos públicos o transportes colectivos” (art. 36.16). En consecuencia, dicho consumo es ejercicio del agere licere de las personas en tanto una ley no lo prohíba.
  3. En ejercicio de su libertad de regulación, el legislador ha decidido que, en aras de proteger un bien jurídico como es la seguridad vial, determinadas conductas relacionadas con el consumo de alcohol y de drogas sean constitutivas de delito o de infracciones administrativas.
    1. Así, el Código Penal (CP), en el apartado sobre Delitos contra la Seguridad Vial, sanciona a los que condujeren un vehículo a motor o ciclomotor (no incluye bicicletas) “bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o de bebidas alcohólicas” (art 379.2). (El ciclista no puede ser imputado por este delito). Es importante resaltar que, el Código Penal no sanciona el consumo en sí de estas sustancias por el conductor, sino la influencia que pudiera tener en su conducción. Es decir, esa influencia no se presume por el mero consumo; debe demostrarse. Esa presunción sólo aparece en el segundo inciso del art. 379.2 CP, al establecer que “En todo caso será condenado con dichas penas el que condujere con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 miligramos por litro o con una tasa de alcohol en sangre superior a 1,2 gramos por litro”. Sorprende que no fije qué tasa de droga cubriría esa misma presunción (quizá porque no hay manera de calibrar con exactitud esa tasa). En consecuencia, si la tasa de alcohol es inferior a las acabadas de mencionar o si se detectan drogas, su mera presencia en el organismo del conductor no es sancionable, salvo que haya una actividad probatoria complementaria que demuestre su influencia en la conducción. Si la tasa es superior se presume, sin prueba complementaria alguna, que esa presencia influye en la conducción.
    2. La Ley de Tráfico optó por sancionar la conducción (incluidas en este caso bicicletas) bajo los efectos de alcohol y drogas siempre con el criterio de presunciones, eliminando –salvo el caso que luego se verá- la necesidad de realizar pruebas complementarias. A diferencia del primer inciso del art. 379.2 del CP, La Ley de Tráfico nunca requirió que la policía de Tráfico comprobase la influencia subjetiva concreta que estaba teniendo el consumo de alcohol y drogas en el conductor. Optó por un criterio objetivo (como sucede sólo en el segundo inciso del art. 379.2 del CP), es decir, presumía, en su reacción anterior a la reforma de 2014 que hay efectos nocivos en la conducción a partir de unas determinadas tasas: “tasas superiores a las que reglamentariamente se establezcan de bebidas alcohólicas, estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas”. Es importante subrayar que, aunque la Ley opta por un criterio objetivo al margen de cuál sea el estado concreto del conductor, no se sanciona la mera presencia de esas sustancias en el organismo del conductor, sino la presencia de una determinada cantidad, a partir de la cual se presume que influye negativamente en la conducción. Esto facilita el control policial. Permite hacer controles preventivos y, como ya se dijo, elimina hacer pruebas complementarias indiciarias. Basta comprobar si se ha sobrepasado la tasa de alcohol reglamentariamente prevista. (El ligero inconveniente es que no se puede sancionar por este concepto al que da en el test una tasa inferior de alcohol, pese a que se vea afectado por ella en la conducción. Se le puede impedir seguir conduciendo, pero no sancionarlo). El problema surgía con las drogas ya que reglamentariamente no llegó a establecerse tasa alguna a partir de la cual se incurría en infracción, seguramente porque no había, ni hay, un aparato fiable que mida la cantidad de droga presente en el organismo.
    3. El gran cambio se produce con la reforma de la Ley en 2014. La Ley La Ley 6/2014 modificó el art. 12 de la Ley de Tráfico (actual art. 14 en la redacción dada por el Real Decreto Legislativo 6/2015). En su preámbulo se señala que, en materia de drogas, se separa del criterio del Código Penal en la relación entre conducción y drogas. El CP sanciona la conducción bajo la influencia de drogas y ahora la Ley de Tráfico, castiga la presencia de drogas en el organismo del conductor, influya o no en su conducción. En realidad, ya había un criterio distinto: subjetivo en el Código Penal y objetivo en la Ley de Tráfico. El problema es que –como se comentó antes- el criterio objetivo de la Ley de Tráfico (sobrepasar la tasa de droga reglamentariamente establecida) no llegó a materializarse en el caso de las drogas, por lo que había que recurrir, una vez constada la presencia de drogas en el organismo del conductor, a verificar mediante pruebas complementarias su estado para conducir. El legislador decidió en 2014 cortar por lo sano y aprobó que, a diferencia del consumo de alcohol, esa “mera presencia” de droga en el organismo del conductor es suficiente para sancionar, sin importar la tasa de droga ni si influye o no en su conducción. Estas condiciones son relevantes para imputarle un delito de seguridad vial, pero dejan de serlo para sancionarlo administrativamente con arreglo a la Ley de tráfico. 
  1. Una primera duda es si puede recibir un trato diferente el consumo de alcohol y el consumo de droga en materia de seguridad vial, de manera que en el caso de la droga se sancione su “mera presencia” en el organismo del conductor y, en cambio, en el caso del alcohol se exija sobrepasar una determinada tasa. La respuesta es que no hay inconveniente en diferenciar el trato legal del consumo de dos sustancias distintas. Está en la libertad del legislador presumir que la simple presencia de droga en el organismo del conductor tiene efectos en la conducción y que, en cambio, en el caso de ingesta de alcohol esa presunción ha de establecerse sólo a partir de determinas tasas reglamentariamente establecidas. Cosa distinta es preguntarse por la finalidad real perseguida. ¿Quiere el legislador garantizar la seguridad vial y para ello considera necesaria la prohibición de conducir con trazas de droga en el organismo del conductor o quiere utilizar la Ley de Tráfico como una medida más para erradicar el consumo de drogas?. Del Preámbulo de la Ley parece deducirse que es lo primero. En él se afirma que “lo cierto es que ha habido que esperar a que los controles para la detección de la presencia de estas sustancias se generalizaran hace pocos años, para poder abordar este problema, que se constata ya como uno de los más graves para la seguridad vial”. Además, en el art. 4,c) de la Ley se resalta ese vínculo de la prohibición con la garantía de la seguridad vial, ya que asigna al Estado la competencia para “La determinación de las drogas que puedan afectar a la conducción, así como de las pruebas para su detección y, en su caso, sus niveles máximos”. Sin embargo, esto parece contradecir la tipificación como infracción de la mera presencia de droga en el organismo del conductor, ya que habla de la posibilidad de fijar niveles máximos permitidos.
  2. ¿Si la finalidad perseguida con la prohibición fuese una medida más para erradicar el consumo de drogas con independencia de si afecta o no a la conducción del consumidor, la medida sería inconstitucional?. Sin duda se trataría de una mala técnica legislativa utilizar una norma que tiene un objeto específico señalado en su art. 1.1, la garantía de la seguridad vial, para una finalidad distinta y por sí mismo no sería inconstitucional. La inconstitucionalidad comienza a aflorar cuando esa finalidad no queda explicitada en la ley y se utiliza un determinado régimen sancionador -que está justificado en aras de la seguridad vial- para erradicar una conducta que no está prohibida. No es que se aproveche la Ley de Tráfico para desincentivar el consumo de drogas, es que se hace mediante un régimen sancionador desvinculado del objeto de la ley. La diferencia de trato entre el consumo de alcohol por el conductor y el consumo de droga seguramente tiene encubierta esa finalidad, pero queda oculta bajo la libertad del legislador para considerar que se trata de sustancias distintas y que pueden afectar de distinta manera a la conducción, una a partir de determinada tasa y otra a partir de su mera presencia. La inconstitucionalidad se hace evidente cuando el propio legislador da un trato diferente al consumo de drogas por el conductor, según lo haga por prescripción facultativa o no.
  3. En efecto, la inconstitucionalidad del actual art. 14 de la Ley de Tráfico (antes art. 12) podría estar en el trato desigual que da al consumo de drogas, según se trate de medicamentos o de otras drogas. Dispone dicho artículo que “Tampoco puede hacerlo (conducir) el conductor de cualquier vehículo con presencia de drogas en el organismo, de las que se excluyen aquellas sustancias que se utilicen bajo prescripción facultativa y con una finalidad terapéutica, siempre que se esté en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10”.
    1. Si la mera presencia de droga en el organismo del conductor se presume nociva para la seguridad, no se entiende la excepción en el caso de medicamentos. La presencia de marihuana en el organismo del conductor se sanciona, pero no si se justifica su consumo por motivos terapéuticos (cáncer) y, además, en este caso sólo se le impedirá continuar la marcha si no está en condiciones de manejar el vehículo con diligencia, precaución y seguridad. Para justificar el cambio legal aprobado en 2014 ya no sirve el argumento de que cabe presumir que la presencia de drogas en el organismo del conductor es un peligro para la seguridad vial y que ha de sancionarse, ya que tal presunción no rige para drogas utilizadas bajo prescripción facultativa. ¿Qué sucede si un conductor da positivo por drogas y ha consumido más marihuana de la prescrita por el médico, pero está en condiciones de conducir? ¿Qué sucede con quien da positivo por consumir drogas en las que se mezclan medicamentos psicotrópicos prescritos y no prescritos?
    2. La drástica medida de prohibir conducir bajo la mera presencia de drogas tampoco se puede justificar por la ausencia de aparatos de medición de tasas de sustancias toxicas en el caso de drogas, ya que en el supuesto del conductor que da positivo por drogas, pero acredita su prescripción terapéutica, es obligado hacer in situ pruebas complementarias para dilucidar si puede seguir conduciendo. O se prohíbe la presencia de cualquier sustancia calificable como droga, o se admite bajo tasas específicas o bajo una prueba in situ sobre el estado físico del conductor. Pero no cabe una desigualdad de trato como la que establece la Ley, porque no está justificada.
    3. Con esta diferenciación la Ley contradice su objeto de velar por la seguridad vial, se desentiende de él y el legislador la utiliza para combatir lo que considera una lacra social, el consumo de droga, aunque el hecho en sí del consumo no esté prohibido.
    4. Estas razones permitirían considerar que el legislador incumple también el principio de proporcionalidad. Cierto que este principio no se le puede aplicar con carácter general al legislador, pero en materia sancionadora el TC ha reconocido que puede aplicársele cuando es evidente que el resultado de la ley es desproporcionado. Utilizando el test de proporcionalidad (Exigencia de que la medida cumpla un fin legítimo, sea idónea, necesaria y proporcionada en sentido estricto) cabe concluir lo siguiente: sancionar la mera presencia de droga en el organismo del conductor puede ser una medida que cumple un fin legítimo (garantizar la seguridad vial); puede ser idónea para alcanzar ese objetivo e incluso necesaria, si así lo considera el legislador en su libertad de apreciación. Pero es desproporcionada, porque el propio legislador reconoce que para impedir conducir bajo los efectos de las drogas hay medidas menos radicales que la drástica prohibición de conducir con trazas de las mismas en el organismo, esto es, las que contempla el propio art. 14 de la Ley, pruebas in situ para saber si el conductor esta en condiciones de utilizar el vehículo conforme a la obligación de diligencia, precaución y no distracción establecida en el artículo 10”.

 

 

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